El 1 de marzo de 2024, la Corte del Distrito Norte de Alabama emitió un fallo que prohíbe a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la agencia encargada de combatir y prevenir delitos financieros y lavado de dinero en Estados Unidos, imponer la obligación de reportar los beneficiarios finales, según lo establecido en la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act o CTA), a la Asociación Nacional de Pequeñas Empresas (NSBA) o a alguno de sus miembros.
La NSBA fundamentó su demanda en la supuesta inconstitucionalidad la ley, alegando que infringía los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses al requerir la divulgación de información altamente personal destinada a la prevención de delitos penales. También se argumentó que imponía una carga administrativa excesiva y costosa para cumplir con dicho requisito.
Aunque FinCEN se ha comprometido a acatar la sentencia, es importante destacar que el tribunal específicamente prohibió a FinCEN aplicar la CTA a los demandantes y que no hay una prohibición nacional en efecto. Por lo tanto, las partes no implicadas en el litigio deben seguir cumpliendo con la CTA. Se espera que el caso sea llevado ante la Corte Suprema de EE. UU., donde se decidirá sobre la constitucionalidad de la ley.
