La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), agencia de los EE. UU. encargada de combatir y prevenir delitos financieros y el lavado de dinero, inició la recepción de informes de beneficiarios finales, en cumplimiento con la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act). Esta legislación impone la obligación de suministrar información sobre las personas naturales que en última instancia poseen o controlan diferentes tipos de entidades, como sociedades por acción (corporations), sociedades de responsabilidad limitada (LLCs), fideicomisos o fundaciones registradas.
Las empresas constituidas o registradas con posterioridad a enero de 2024 deben presentar el informe de beneficiarios finales en los primeros 90 días posteriores a su incorporación, mientras que las ya existentes disponen de plazo hasta el 1 de enero de 2025 para cumplir con dicha obligación.
El informe, requerido una única vez, salvo actualizaciones o correcciones, proporciona los datos personales de las personas naturales que en última instancia poseen o controlan una entidad obligada, como nombre, dirección y fecha de nacimiento. Además, las empresas deben revelar información relevante sobre sí mismas, incluyendo su nombre y dirección. Las entidades obligadas creadas a partir del 1 de enero de 2024 también deben suministrar detalles sobre los fundadores de la empresa.
Los informes de beneficiarios finales son un mecanismo destinado a reforzar la transparencia corporativa y combatir prácticas financieras opacas.
