El Instituto Vasco de Consumo impuso una multa de 30.000 euros a una cadena de cines debido a la controvertida práctica de prohibir el ingreso de alimentos comprados por fuera sus instalaciones al considerarla una cláusula abusiva que impone al consumidor limitaciones en la adquisición de productos sin fundamento objetivo.
Esta decisión se suma a la situación ocurrida en Perú desde el año 2018, en la que dos cadenas de cine fueron obligadas por la autoridad de protección al consumidor a permitir que los espectadores ingresen a las salas con alimentos similares a los vendidos por estas, pues dicha restricción imponía al consumidor utilizar servicios que en principio no había solicitado.
Estos casos podrían significar puntos de partida para que las autoridades en diferentes países adopten medidas similares y eliminen la obligación impuesta a consumidores de adquirir productos comercializados por las cadenas de cine.
