El Tribunal de Cundinamarca ordenó al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) a pagar una indemnización de 40 salarios mínimos a una mujer, por irregularidades en la entrega del registro sanitario de los implantes PIP (Poly Implant Prothèse). Al parecer, los implantes no cumplían con los estándares de calidad para su uso, pues no se presentó información suficiente para establecer la seguridad de estos y aun así se otorgó el registro.
El Tribunal tuvo en cuenta un Boletín de Tecnovigilancia de la entidad de noviembre de 2010, en el que se dice que “el importador Colombian Medical International S.A. no presentaba información pertinente ni suficiente para establecer el estatus de seguridad de los componentes de las prótesis mamarias PIP”. El Tribunal recuerda que las labores que debe hacer el INVIMA previo al otorgamiento del registro necesario tienen que ser completamente rigurosas y no limitarse a la revisión documental.
