¿Colombia sigue en la lista de vigilancia del USTR?
26 mayo, 2023
lista de vigilancia

La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por su término en inglés) ha publicado el Informe Especial 301 de 2023: una revisión anual del estado de los mecanismos de seguimiento y aplicación de los derechos de propiedad intelectual de los socios comerciales de Estados Unidos. El informe se centra en las leyes, políticas y prácticas de cada país para promover sistemas adecuados y eficaces de protección de la propiedad intelectual para inventores, creadores, marcas, fabricantes y proveedores de servicios.

En 2022, Colombia avanzó en sus objetivos y compromisos en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos, destacando sus esfuerzos para implementar medidas contra la infracción de derechos de autor en medios digitales. Sin embargo, Colombia permanecerá en la lista de vigilancia para 2023, teniendo en cuenta el limitado alcance de las medidas adoptadas para combatir la falsificación, la piratería y otras formas de infracción de los DPI.

El alto nivel de piratería digital, la piratería de contenidos con licencia a través de aplicaciones móviles, la cantidad de mercancías falsificadas que entran en el país y el bajo número de incautaciones y redadas criminales son retos que Colombia tendrá que superar en 2023.

El informe de la USTR coincide con las cifras presentadas en la reunión anual de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, que estimó que el equivalente a 25 billones de pesos en contrabando entra a Colombia cada año a través de mercados no oficiales en todo el país.

La infracción de la propiedad intelectual, incluida la falsificación de marcas y la piratería de derechos de autor, afecta la ventaja competitiva generada por la innovación y la creatividad, y causa importantes pérdidas económicas a los titulares de derechos de propiedad intelectual y a las empresas. Los procedimientos contra la piratería y la falsificación garantizan la protección de los activos intangibles sin incurrir en costos desproporcionados, al tiempo que desincentivan la vulneración de sus derechos.

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