Las conductas relacionadas con la protección del derecho de autor previstas en la Ley de Propiedad Intelectual y en la Ley de Propiedad Industrial ahora estarán incluidas en el catálogo de delitos, incorporándolas así a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En consecuencia, los delitos que afecten la propiedad intelectual o industrial a través de actividades de empresa serán atribuibles a las organizaciones. Además, esto podrá dar lugar a que infracciones que antes se resolvían en los tribunales civiles, pasen a tratarse en los tribunales penales.
De esta manera, al obtener responsabilidad, las empresas deberán garantizar la protección y el reconocimiento de los derechos asociados a estas materias. Esto exige la adopción de un modelo apropiado de prevención de delitos, así como una revisión continua de las prácticas y controles internos para detectar y minimizar todos los riesgos posibles.
