La Corte Constitucional acaba de presentar la sentencia C – 165 de 2019, que aclara y reafirma el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que les compete a las Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia de Sociedades.
Esta sentencia ratificó que no existe un deber constitucional ni legal por parte de las superintendencias de informar previamente la realización de las vistas de inspección, siendo viables las visitas sorpresa que hacen estas entidades. Por otro lado, señaló que las entidades pueden acceder a la información empresarial y no hay reserva judicial frente a los documentos privados y papeles de los comerciantes. Finalmente, sostuvo que únicamente en el caso en que las autoridades consideren pertinente para una inspección ingresar a un sitio o acceder a un documento por la fuerza tendrán que pedir una orden judicial.
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