La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tomó medidas significativas en tres casos de protección al consumidor. Además de resolver las demandas a favor de los consumidores, impuso multas, conjuntamente, de más de COP 116 millones de pesos a dos firmas constructoras y un almacén por graves incumplimientos al régimen de protección al consumidor.
La SIC, actuando como juez, tiene la facultad de imponer multas de hasta 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes en casos de infracciones a los derechos del consumidor. Esta acción demuestra la determinación de la SIC en garantizar el cumplimiento estricto de las normas de protección al consumidor y envía un mensaje claro sobre la importancia de respetar y proteger los derechos de los consumidores.
La imposición de multas no solo busca corregir perjuicios pasados, sino también establecer un precedente para la responsabilidad empresarial en el respeto a las regulaciones que salvaguardan los derechos de los consumidores.
