Con un nuevo fortalecimiento de las medidas, se promulgó la Ley 2195 de 2022 Anticorrupción, que modifica el régimen colombiano de protección de la competencia, en particular las normas sobre beneficios por cooperación y sanciones para personas naturales y jurídicas.
En todo caso, la Corte Constitucional dejó sin efecto los artículos relacionados con prácticas anticompetitivas, y eliminó del régimen sancionatorio la evaluación de nuevos criterios por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, entre los que se encuentran las ganancias obtenidas por el infractor derivadas de la conducta cuando el porcentaje supere los demás criterios. De esta manera, la multas de hasta 100 000 SMMLV (COP 116 000 millones) para personas jurídicas, y 2 000 SMMLV (COP 2 320 millones) para personas naturales, continuarán siendo consideradas con los criterios originalmente establecidos.
El derecho de la Competencia continúa siendo una de las prioridades del Estado y, por lo tanto, las empresas deben considerar la implementación de un sistema de gestión de riesgos que cubra esta materia.
