Recientemente, el Consejo de Estado colombiano admitió la acción de nulidad promovida por un ciudadano en contra de la Resolución 0243 del 31 de enero de 2019, que en términos sencillos establece un sistema para el cálculo del precio máximo de compra de ciertos medicamentos no cubiertos por el plan de beneficios obligatorios en salud.
La demanda se fundamenta principalmente en la presunta expedición irregular del acto administrativo demandado, como consecuencia de una vulneración al denominado principio de “abogacía de la competencia”. Este principio, en términos generales, obliga a las autoridades administrativas a informar a la autoridad nacional de competencia (Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-), sobre todos aquellos proyectos normativos que pretendan expedir y que puedan tener alguna incidencia sobre la libre competencia en un mercado.
En palabras del demandante, este principio habría sido vulnerado durante la expedición del acto, como quiera que el mismo no habría sido previa y oportunamente notificado a la SIC, a pesar de contar con una finalidad de intervención y de tener incidencia directa sobre las condiciones competitivas del mercado de los medicamentos.
