Luego de una investigación de más de seis años, el Consejo Administrativo para la Defensa de la Economía (CADE) impuso multas por un total de 126 millones de euros, tanto a empresas como a personas naturales, por haber conformado carteles con el fin de participar en licitaciones públicas para la construcción del tren subterráneo. Las multas más altas fueron impuestas a las empresas CAF Brasil (aproximadamente 40 millones de euros) y Alstom (aproximadamente 30 millones de euros). Adicionalmente, el CADE encontró que Alstom fue el líder del cartel por lo que sancionó a la empresa prohibiendole participar en licitaciones públicas en los mercados afectados por el cartel por un periodo de 5 años. Siemens, quién delató el cartel, firmó un acuerdo y quedó exento de las multas.