En septiembre de 2014, el gobierno de Colombia expidió el decreto 1782 por medio del cual se permitiría la entrada de los biosimilares al país, es decir los «genéricos» de los biotecnológicos.
El decreto causó bastante polémica en el sector farmacéutico, razón por la cual, Afidro interpuso una demanda ante Consejo de Estado en 2016, con el objetivo de que se impusiera una medida cautelar y no se permitiera una ruta abreviada para el ingreso de estos medicamentos. A juicio de Afidro, esta ruta sería riesgosa para la salud de los colombianos, pues no exige estudios clínicos que garanticen plenamente la seguridad, calidad y eficacia del medicamento.
Después de dos años de espera, el Consejo de Estado finalmente hizo su primer pronunciamiento, a través del cual autoriza el ingreso de los llamados biosimilares por medio de la alegada ruta abreviada. La decisión no es definitiva por parte del Consejo de Estado, esta se entenderá vigente mientras se estudia el caso y se emite un fallo definitivo.
