Una de las tendencias más recientes en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) es el conocimiento de los beneficiarios finales de las personas jurídicas, razón por la cual la quinta Directiva Antiblanqueo de la Unión Europea había ordenado que el registro de los beneficiarios reales sea de acceso público.
No obstante, esta medida fue demandada, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que el conocimiento público de los beneficiarios finales afectaría el derecho a la vida privada y a la protección de datos personales; por tanto, sólo podrán tener acceso las organizaciones que tengan un interés legítimo en consultar el registro.
La decisión desató una gran polémica en Europa en relación con la gestión de riesgos de LA/FT/FPADM, aunque como consecuencia alinea los regímenes europeo y colombiano para tener un registro de beneficiarios finales reservado solo para organizaciones con un interés legítimo.
